
Javier Balza, consejero de Interior
El texto establece que las instituciones vascas “deberán respetar en su actuación diaria el derecho de las víctimas del terrorismo y del conjunto de los ciudadanos a la paz, la verdad y la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación de las consecuencias de los atentados terroristas”
El Gobierno vasco aprueba el proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo, una norma cuya elaboración estaba comprometida desde la promulgación del Plan de Paz y Convivencia. Según ha explicado el consejero de Interior, Javier Balza, a cuyo departamento pertenece orgánicamente la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, la iniciativa “reconoce ética y políticamente a las víctimas en un grado como nunca se había hecho hasta la fecha en una norma con rango legal en el estado español”.
El texto establece que las instituciones vascas “deberán respetar en su actuación diaria el derecho de las víctimas del terrorismo y del conjunto de los ciudadanos a la paz, la verdad y la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación de las consecuencias de los atentados terroristas”.
Por otro lado, y según EFE, el proyecto contiene escasos cambios con respecto al anteproyecto que elaboró el mes de junio del año pasado. Dicho anteproyecto fue presentado a las asociaciones de víctimas del terrorismo que han tenido desde entonces un plazo para formular sus aportaciones.
Efectos retroactivos
El ámbito de aplicación de la ley son las víctimas en atentados ocurridos en el País Vasco o fuera de él cuando sean residentes en algún municipio de la Comunidad, y las ayudas y prestaciones podrán ser concedidas "cualquiera que fuese la fecha del acto lesivo causante del daño", es decir, con efectos retroactivos hasta 1988, ya que es cuando se inició el programa de ayudas. A este respecto, el consejero de Interior, Javier Balza, ha explicado hoy que el Gobierno vasco está abierto a la concesión de ayudas extraordinarias o a firmar un acuerdo con el Gobierno del Estado que pueda ampliar este marco temporal a antes de 1988.
En materia de reparación de las víctimas, el proyecto prevé promover la realización de homenajes, la colocación de monumentos conmemorativos o la presencia del testimonio de las víctimas en proyectos de educación para la paz. Contempla el resarcimiento de los daños originados en las viviendas, vehículos y sedes de partidos y otras organizaciones, así como en las industrias víctimas de atentados, para las que se prevé la compensación de los perjuicios económicos causados como consecuencia de la paralización temporal de su actividad.
Contempla la prestación de atención sanitaria y psicológica a las víctimas, y las compensaciones en materia de educación a ellas y sus descendientes. En este ámbito, el borrador de la ley contempla que las víctimas y sus familiares estarán exentos de "todo tipo de tasas académicas" en los centros oficiales de estudios y que se "relajarán los requisitos económicos y académicos exigibles" para ayudas de transporte o material escolar y comedor.
Porcentaje de plazas
También se hace referencia al ámbito laboral y entre las medidas contempladas está que las administraciones públicas vascas podrán reservar un porcentaje de plazas en las ofertas de empleo para las víctimas. El texto aprobado hoy recoge varios cambios de redacción y mantiene con alguna modificación el catálogo de prestaciones a las víctimas del terrorismo con respecto al anterior.
En la exposición de motivos, el Gobierno vasco ha incluido una referencia a que las víctimas han tenido unas respuestas "siempre alejadas de la tentación de tomarse la justicia por su mano". Otra de las novedades del nuevo texto, ya en la parte dispositiva, es el establecimiento de que el Gobierno vasco podrá suscribir convenios con otras administraciones para poner en marcha medidas de reconocimiento y protección de las víctimas.
El proyecto mantiene a este colectivo como "sujeto de derechos" y, si finalmente es aprobado, se convertirá en la primera ley de víctimas vasca que recogerá con rango de ley actuaciones ya previstas en el programa de ayudas a las víctimas, de 1988, o el decreto de 2002 que introdujo nuevos aspectos de tutela y aumentó significativamente los niveles de protección existentes hasta entonces.